La salud es uno de los principales temas de la sociedad actual y una de las principales problemáticas de la ciudadanía. Es una necesidad universal, común a todas las personas, un bien común que debe ser protegido y garantizado a todas las personas sin discriminación alguna. Por eso la salud y los derechos humanos están unidos.
Los derechos humanos son un conjunto de valores (respeto, libertad, dignidad, responsabilidad), principios (universalidad, igualdad y no discriminación, interdependencia e indivisibilidad) y normas (tratados, declaraciones, convenciones) que regulan la vida de las personas en sociedad.
Desde la DUDH[1] hasta ahora se han ido adoptando numerosos tratados, declaraciones y convenciones para la defensa y protección de los derechos humanos. Los Estados que los ratifican asumen las obligaciones de respetar, proteger y garantizar estos derechos. La obligación de respetarlos significa que no deben vulnerarlos interfiriendo en su disfrute, o limitarlos; la de protegerlos exige que impidan los abusos de los derechos humanos; y la de garantizarlos significa que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar su disfrute.
En ocasiones se confunde el ejercicio de los derechos con el acceso a los servicios básicos que provee el estado. Ejercer nuestros derechos es exigir al estado que adopte las medidas necesarias para que todas las personas puedan tener acceso a una atención sanitaria de calidad; es respetar a todas las personas y tratarlas en igualdad; es promover un cambio en las actitudes individuales que lleven a una transformación de las relaciones de poder existentes.
Trabajar desde el enfoque de derechos humanos supone elaborar estrategias y políticas públicas que se fundamenten en los principios, valores y normas de los derechos humanos. Supone un cambio de orientación que implica cambios en las acciones, en el propio análisis del problema y en el enfoque de las estrategias y políticas públicas. Incorpora los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, lo que implica una visión holística de la realidad y la necesidad de diseñar todas las acciones con una visión integral del conjunto de los derechos humanos.
Está dirigido a las capacidades de las personas (titulares de derechos), centrándose en los grupos más vulnerables y fomentando su participación en la toma de decisiones relacionadas con la política pública. Fortalece las capacidades de las instituciones públicas (titulares de obligaciones), para que construyan unas estrategias y políticas públicas acordes con los estándares internacionales, y de otros actores sociales como son la familia, la comunidad, las organizaciones sociales, las empresas (titulares de responsabilidades).
Desde esta perspectiva, el derecho a la salud no debe entenderse solo como la ausencia de enfermedad o el derecho a estar sano ni solo asociarlo con la atención sanitaria. Es un derecho inclusivo en el sentido que comprende un conjunto de factores básicos y determinantes que se relacionan a su vez con otros derechos, en virtud del cual toda persona y grupos sociales tienen derecho a gozar del más alto estándar posible de salud física, mental y social.
Es necesario avanzar en el desarrollo de una legislación nacional y unas políticas públicas sobre el derecho a la salud que incorporen los estándares internacionales de los derechos humanos incorporando la universalidad, la igualdad y no discriminación, la participación y la corresponsabilidad en la reclamación y exigibilidad de este derecho.
