Parece verosímil pensar que una de las maneras adecuadas para medir la situación de los derechos humanos en cualquier contexto, consiste en constatar cuál es su situación en relación con la salud. El derecho a la salud se sitúa dentro de un conjunto de derechos que se han venido llamando de segunda generación y que se refieren a los de carácter económico, social y cultural. La peculiaridad de que los acompaña, es la de que su puesta en práctica, a diferencia de los derechos civiles y políticos, requiere la disponibilidad de fondos dinerarios.
Y es precisamente la cuestión presupuestaria la que, en los últimos años, ha hecho tambalear la vigencia y puesta en práctica de las diferentes facetas del derecho a la salud, de otro modo, solo parcialmente vigente en épocas anteriores. Dentro de este retroceso hay que distinguir entre el de los elementos que inciden directamente en el cuidado de la salud de la población y los que lo hacen indirectamente t.
Si hacemos referencia a los más estrechamente vinculados habrá que reconocer los déficits por razones de espacio y de tiempo en la asistencia sanitaria, la precariedad de los servicios sociales, la aleatoriedad en el tratamiento de la salud mental, las amenazas ambientales y de una manera vergonzante - y hasta hace pocos meses - el abandono de la atención médica a los recién llegados sin papeles. Si, por otra parte, atendemos elementos de afectación indirecta, tendremos que poner la atención, entre otros, en la disponibilidad de una vivienda digna, en la eliminación de la pobreza energética, en la alimentación equilibrada y en el acceso a un trabajo y a unas pensiones con remuneración suficiente.
En todas estas cuestiones, las carencias no se pueden justificar por razones económicas. En primer lugar porque la salud de las personas se encuentra por encima y en segundo lugar porque los recursos no faltan. Efectivamente, a priori, los recursos públicos son limitados pero pueden ampliarse y también administrarse mejor. La tributación de las sociedades, del patrimonio, del lujo, de las rentas del capital y de las sucesiones puede, aunque sea por una cuestión de equidad, ser ampliada de manera considerable y este progreso es necesario complementarlo con la erradicación del fraude y los paraísos fiscales. Por otra parte, y en cuanto a los gastos, resultaría conveniente reducir algunas muy cuestionables como podrían ser los rescates bancarios, las grandes infraestructuras, algunas prioridades muy superfluas de carácter farmacéutico y las ingentes cantidades destinadas a la preparación de la guerra. Al mismo tiempo, las políticas de prevención, los tratamientos de proximidad y una especial atención a las medicinas naturales y tradicionales, que lógicamente deberían ser incluidas en el sistema público, abaratarían sin duda el coste de la atención a la salud.
Los actuales conocimientos científicos, la rápida circulación de la información, las facilidades en el transporte, los avances médicos, y las infraestructuras hospitalarias disponibles no deberían permitir nunca que ningún sitio, aunque ahora hacemos referencia a nuestro entorno más inmediato, ni nadie dejara de disfrutar del derecho a la salud.
